Irregularidades en las
elecciones presidenciales 2020 en E.E.U.U., posibles sanciones y la asignatura
pendiente en España que debemos aprobar
Por
Andrea Wagnest Garbiero,
Tesorera de la Junta Directiva de la
Asociación
Plataforma Elecciones Transparentes
(APET)
Noviembre
21, 2020
Si
hay algo que no podemos negar, nos guste o no Donald J. Trump, es que desde que
asumió la presidencia de los EE. UU. en enero de 2016, ha recibido una
oposición férrea, cuasi golpista, por parte del Partido Demócrata y de sus
esbirros, los grupos mediáticos, que a golpe de propaganda goebbeliana
han logrado crear una realidad a su medida. Muchos fueron los envites que tuvo
que sortear POTUS: la supuesta colusión rusa, la sospecha de
corrupción con Ucrania, acusaciones de ser supremacista, machista, hasta un
virus en forma de pandemia mundial.
El
clímax de todos estos palos en la rueda llegó el día de las
elecciones presidenciales del 3 de noviembre y madrugada del 4, en la que de
repente el recuento de los votos se detuvo en varios estados simultáneamente,
las gráficas a favor de Biden se dispararon vertiginosamente en vertical, y
todo ello nos hizo pensar que comenzaba el espectáculo que el candidato
demócrata Joe Biden había anunciado días antes con estas palabras: "Hemos organizado la red más extensiva e inclusiva de fraude
electoral en la historia de la política americana".
Coincidentemente
con este anuncio de Biden, a más de dos semanas del election day no
dejan de llegarnos noticias sobre irregularidades de todo tipo: votos de
personas fallecidas, boletas que llegan fuera de plazo, hallazgos de cajas con
boletas a favor de Trump tiradas en contenedores de basura o quemadas, mayor
cantidad de votos que población censada y lo que podría ser de más peso: los
"glitches" y los "flips",
anomalías informáticas gestionadas a través de servidores supuestamente
localizados fuera de los Estados Unidos (Alemania, España, China), en los que
se usaron programas de recuento electoral sospechosos como el de Smartmatic, diseñado
y utilizado en Venezuela desde el gobierno de Chávez hasta la actualidad,
vendido después a Argentina, Brasil, entre otros países, así como el de Dominion
Voting Systems, propiedad de allegados muy directos de políticos
del Partido Demócrata.
De
demostrarse ante los órganos de justicia la interferencia maliciosa de personas
o estados extranjeros en las elecciones estadounidenses, les serán aplicables
las sanciones patrimoniales establecidas en la orden ejecutiva del 12 de septiembre
de 2018: "sobre la imposición de ciertas sanciones en
caso de interferencia extranjera en una elección en los Estados Unidos".
El
ADN de empresario de Trump le hizo actuar de forma preventiva al redactar esta
orden, para la que tuvo en cuenta las conclusiones del informe de inteligencia
emitido por la Comisión Bipartidista del Senado (SSCI) de 3 de julio de 2017,
en la que se investigaron "las actividades e intenciones de Rusia
en las recientes elecciones estadounidenses" (las presidenciales
de 2016), motivada por la denuncia hecha por los demócratas. Aunque las
conclusiones de dicho assessment confirman que no hubo
manipulación de ningún gobierno extranjero en las elecciones, sí constatan que
el uso de las nuevas tecnologías y dispositivos y a las
comunicaciones por internet hacen muy vulnerables los procesos electorales.
Por
otro lado, tuvo en cuenta la orden ejecutiva del 1 de abril de 2015,
firmada por el anterior presidente Barack Obama, sobre el "Bloqueo
de la propiedad de determinadas personas que participan en actividades
maliciosas habilitadas por medios cibernéticos", la cual
enmendó enfocando su objetivo en la manipulación de elecciones,
en el marco de los delitos de amenaza a la seguridad nacional y
a la política exterior del país.
La
orden ejecutiva establece un procedimiento informativo en el que involucra en
primera instancia al Director de Inteligencia nacional (John Ratcliffe),
y en posteriores etapas a los máximos jefes de todas las demás áreas de
gobierno como son la Secretaría de Estado (Mike Pompeo), la Secretaría
del Tesoro (Steven Mnuchin), la Secretaría de Defensa (Mark Esper),
la Fiscalía General (William Barr) y la Secretaría de Seguridad Nacional
(Chad Wolff), para poder definir en qué medida fueron afectadas las
infraestructuras electorales y la seguridad nacional, y poder ejecutar así las
medidas a las que por ley están habilitados: prisión y bloqueo de
patrimonio (sanción que sería ejemplificante también en España), si es
que no son condenados por traición a la nación, donde la pena sería la propia
vida.
ESPAÑA
TAMBIÉN ES TRAICIONADA
En
las próximas semanas empezaremos a ver resultados de la "limpieza"
del proceso electoral en EE. UU. (1),
escándalo de fraude y traición a la voluntad popular que también fue perpetrado
en España en las Elecciones Generales del 10 de noviembre de 2019, y en las
autonómicas de País Vasco y Galicia en julio de 2020 al no realizarse los
respectivos Escrutinios Generales. Tristemente los magistrados son los
presuntos autores de este delito -dicho asi por respeto al principio de
presunción de inocencia -, por cuánto son los que presiden el acto, y deben
garantizar el estricto cumplimiento de nuestra ley electoral que,
en su Sección XV. Escrutinio general, ordena que a
partir del tercer día de las votaciones las Juntas Electorales de cada
provincia, en un acto público, deben sumar manualmente y de forma
ininterrumpida todas y cada una de las actas de votación. La Asociación
Plataforma Elecciones Transparentes (APET), a través de los vigilantes
electorales que colaboran con ella, fue testigo y denunciante de este grave
delito por omisión que, de probarse en sede judicial, desdibuja y pisotea los
principios que defienden la voluntad soberana del pueblo, lo que nos coloca muy
lejos de lo que significa vivir en una verdadera democracia.
Al
programa de Indra utilizado en todas ellas no se lo ha denunciado ni
investigado (por el momento) pese a la denuncia presentada en su día pero,
gracias a la APET y a los pocos ciudadanos conscientes que se
presentaron donde supuestamente se realizarían los escrutinios generales,
tenemos la certeza de que, fuesen cuales fuesen los resultados que arrojó la
maquinita, no hubo un solo recuento total en todo el país que los convirtiera
en resultados definitivos.
Tanto
en EE. UU. como en España somos los ciudadanos - We,
the people - los que debemos defender en primera línea de acción
nuestra soberanía, reconocida por la Constitución en su artículo 1.2 y no
permitir que una banda de delincuentes, aunque vistan traje y toga, nos roben
el Estado de Derecho.
(1) Proceso
electoral en EE. UU. con fechas (*)
· 3 de noviembre de 2020 — Día de las
elecciones --> los votos determinarán los electores de
cada estado, seleccionados por el partido político del candidato ganador.
· De mediados de noviembre al 14 de diciembre
de 2020: Después de la elección, el gobernador de cada estado
preparará siete certificados de verificación (1
copia para el archivero) después de que se certifiquen los resultados de las
elecciones en su estado.
· Para el 8 de diciembre de 2020 (al
menos seis días antes de la reunión de los electores): los estados
deberán resolver controversias sobre el nombramiento de sus
electores para que sus votos electorales se presuman válidos cuando sean
presentados al Congreso. Las decisiones de los tribunales de los
Estados son concluyentes.
· 14 de diciembre de 2020: Los electores
se reunirán en sus respectivos estados y votarán por presidente y
vicepresidente en papeletas separadas, registrando sus votos en seis
certificados de voto, que se emparejarán con los seis certificados
de verificación preparados en la primera etapa. Los electores
firmarán, sellarán y certificarán seis conjuntos de votos electorales. Un
conjunto de votos electorales consta de un Certificado de verificación y un
Certificado de voto.
· 23 de diciembre de 2020: Los votos
electorales (los certificados de voto) deberán ser recibidos por el presidente
del Senado y el Archivero a más tardar nueve días después de la reunión de los
electores. Si no llegaran, el 3 de enero de 2021 o antes, el archivero deberá
enviar juegos de copias de los certificados al Congreso.
· 6 de enero de 2021: el Congreso cuenta los
votos electorales en sesión conjunta. Previa formulación
de objeciones, el presidente del Senado luego declarará qué personas, si las
hay, han sido elegidas presidente y vicepresidente de los Estados Unidos. Si
ningún candidato presidencial gana al menos 270 votos electorales (una mayoría
de los 538 votos disponibles) la Cámara de Representantes decide la elección
presidencial, de acuerdo con la 12ª Enmienda a la Constitución
· 20 de enero de 2021 al mediodía: el
presidente electo jurará el cargo.
*
(Fuente: www.archive.gov/electoral-college)
VERSIÓN EN PDF
No hay comentarios:
Publicar un comentario